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México acumula más de 5 mil fosas clandestinas y 135 mil desaparecidos; dramática impunidad

México supera las 5 mil fosas clandestinas y 135 mil personas desaparecidas, mientras sólo existen unas 4 mil carpetas de investigación, revela la Ibero.

México supera las 5 mil fosas clandestinas y 135 mil personas desaparecidas, mientras sólo existen unas 4 mil carpetas de investigación, revela la Ibero.

Un informe de la Universidad Iberoamericana revela la enorme brecha entre la magnitud de la crisis de desapariciones en México y la respuesta de las autoridades: más de 5 mil fosas clandestinas, más de 135 mil personas desaparecidas y apenas unas 4 mil carpetas de investigación.

Alejandro Baillet

México tiene un problema que no cabe debajo de la tierra. Cada fosa clandestina encontrada cuenta una historia de violencia; cada persona desaparecida representa una familia que sigue esperando respuestas. Y, entre ambas cifras, aparece un tercer dato que resulta todavía más inquietante: la investigación de los casos avanza a un ritmo muy por debajo de la magnitud de la crisis.

Un informe de la Universidad Iberoamericana documentó más de 5 mil fosas clandestinas en el país, mientras que el número de personas desaparecidas y no localizadas supera las 135 mil. Frente a ese escenario, la cifra oficial de carpetas de investigación relacionadas con estos delitos ronda apenas las 4 mil.

La distancia entre estos números retrata uno de los principales problemas que enfrentan las familias de las víctimas: la desaparición no termina con la ausencia de una persona. Para miles de familiares comienza entonces una larga carrera contra el burocratismo, la falta de resultados y, en muchos casos, la impunidad.

Un país que busca debajo de la tierra

El estudio “Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México” analiza los hallazgos registrados durante los últimos tres sexenios y permite observar cómo el fenómeno ha cambiado de territorio con el paso de los años.

De acuerdo con la investigación, durante el periodo de 2006 a 2012, los hallazgos se concentraron principalmente en estados del norte como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Entre 2013 y 2018, el mapa cambió y entidades como Veracruz, Guerrero y Jalisco concentraron una parte importante de las fosas localizadas.

Para el periodo correspondiente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los principales registros se ubicaron en Sonora, Guanajuato y Colima.

El patrón, sin embargo, no desapareció con el cambio de administración. Durante 2025, Guanajuato, Sonora y Jalisco volvieron a aparecer entre las entidades con mayor número de hallazgos.

En los tres periodos analizados se contabilizaron 3 mil 516 fosas, 8 mil 341 cuerpos y 52 mil restos humanos, mientras que la mitad de los hallazgos se concentró en cinco entidades: Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco.

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Las fosas también cambiaron de escenario

El fenómeno tampoco permanece confinado a zonas rurales o terrenos alejados. El informe señala que alrededor de 70% de las fosas fueron localizadas en predios abiertos y caminos, aunque en años recientes también han aparecido dentro de inmuebles privados.

Entre los casos mencionados por las investigadoras de la Iberoamericana se encuentra una fosa localizada dentro de un centro de rehabilitación presuntamente relacionado con un grupo criminal, así como el hallazgo de otra dentro de un autolavado en El Carmen, Nuevo León.

La transformación de estos escenarios revela una realidad especialmente preocupante: la violencia relacionada con las desapariciones puede ocultarse prácticamente en cualquier espacio.

135 mil ausencias y sólo 4 mil investigaciones

El dato que resume la dimensión de la crisis es la diferencia entre las personas desaparecidas y las investigaciones abiertas.

La Universidad Iberoamericana advierte que México supera las 135 mil personas desaparecidas, mientras que la cifra oficial de carpetas de investigación proporcionada por el Ejecutivo se ubica alrededor de 4 mil.

“Más de cinco mil fosas clandestinas, más de 135 mil personas desaparecidas y la cifra oficial de carpetas de investigación que ha dado el Ejecutivo es de cuatro mil”, señala Andrea Horcacitas, coordinadora del Programa DH Universidad Ibero

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada también ha advertido sobre la magnitud del problema. En un documento reciente señaló que al 19 de febrero de 2026 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba más de 132 mil 400 personas desaparecidas y no localizadas, además de advertir que las desapariciones continúan aumentando y que persisten la crisis forense y la impunidad.

El organismo internacional señaló también que las cifras disponibles sobre fosas clandestinas superan las 4 mil 500, con más de 6 mil 200 cuerpos y alrededor de 4 mil 600 restos humanos, aunque reconoció que los registros varían entre autoridades.

La geografía cambia, la crisis permanece

El mapa de las fosas se mueve de un estado a otro, pero la problemática permanece. Para las familias, cada cambio administrativo implica volver a explicar una historia, presentar documentos, insistir ante las fiscalías y mantener activa una búsqueda que, en muchos casos, llevan a cabo ellas mismas.

La propia Universidad Iberoamericana ha documentado durante años la participación de familiares y colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas. Las académicas de la institución han señalado que la respuesta del Estado debe contemplar no sólo la localización de las víctimas, sino también investigaciones eficaces y protección para quienes participan en las labores de búsqueda.

“De 2006 a 2012, los hallazgos se concentraron principalmente en el norte del país, particularmente Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; mientras que entre 2013 y 2018, se concentran en Veracruz, Guerrero y Jalisco, es decir en el sexenio de Enrique Peña Nieto; y por último, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se concentran sobre todo en los estados de Sonora, Guanajuato y Colima”,

El problema, por tanto, no se limita a contar fosas, cuerpos o personas desaparecidas. También obliga a preguntar qué ocurre después de cada hallazgo: quién investiga, quién identifica los restos, quién determina responsabilidades y cuántos de esos casos llegan finalmente ante un juez.

Porque mientras las cifras crecen, las familias siguen esperando.

Y en México, una de las mayores tragedias no sólo está en las personas que desaparecieron, sino en la enorme cantidad de casos que todavía permanecen sin respuesta.

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