Las 32 entidades federativas se comprometieron a adoptar un sistema nacional para reducir la carga de los trámites burocráticos, con un catálogo común de 300 servicios estatales cuyos requisitos serán homologados, como parte de la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
El acuerdo fue formalizado este martes mediante el Pacto Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, firmado por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Peña Merino, y representantes de los gobiernos estatales.
La dimensión del cambio propuesto parte de un dato: una persona realiza, en promedio, 485 trámites a lo largo de su vida y 85 por ciento corresponde a autoridades estatales y municipales. Por ello, la estrategia busca disminuir los tiempos de gestión, traslados y costos que enfrentan ciudadanos y empresas.
El uso de la tecnología adquiere sentido cuando la traducimos en servicios que responden a las necesidades de las personas.
Autoridades de simplificación y digitalización de todo el país nos reunimos hoy con un solo propósito: habilitar los derechos a las personas
Vamos a… pic.twitter.com/GjEbArXYpa
— Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) August 19, 2026
Un catálogo común
Las autoridades recibieron el Catálogo Único de Trámites, que reúne 300 trámites y servicios estatales con requisitos homologados. El compromiso incluye adoptar este instrumento, publicar los acuerdos necesarios para aplicar los modelos de homologación y establecer mecanismos de monitoreo para verificar su cumplimiento.
También deberán registrar los trámites en el Portal Único e informar cada mes los avances hasta obtener la certificación correspondiente.
Peña Merino sostuvo que la simplificación busca eliminar barreras y facilitar el acceso de la población a los servicios públicos. En ese proceso, planteó, la tecnología debe funcionar como una herramienta para hacer más accesible la atención gubernamental.
El funcionario señaló que la trazabilidad de los trámites permitirá reducir espacios para la corrupción, al tiempo que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno puede ampliar las capacidades institucionales.
Menos costos y traslados
La implementación pretende generar beneficios tanto para particulares como para empresas, al reducir la carga regulatoria asociada con gestiones ante autoridades estatales y municipales.
Durante el encuentro se expusieron casos que muestran el efecto de modificar procedimientos. En Baja California, por ejemplo, la incorporación de tarjetas extranjeras como medio de pago para obtener un permiso de pesca deportiva elevó la recaudación de 1.4 millones a más de 11 millones de pesos.
El caso fue presentado como una de las experiencias derivadas de la simplificación de procesos, en un contexto donde las autoridades buscan ampliar los mecanismos digitales y facilitar el cumplimiento de obligaciones administrativas.
La estrategia también contempla aspectos de gobernanza regulatoria, infraestructura tecnológica y ciberseguridad, áreas que serán revisadas con autoridades estatales y municipales durante el Primer Encuentro Nacional para la Implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
Implementación nacional
Las reuniones continuarán hasta el viernes 21 de agosto, con mesas de trabajo destinadas a definir mecanismos para llevar los acuerdos a la operación cotidiana de los gobiernos.
El pacto establece que las entidades deberán avanzar en la adopción del catálogo, la homologación de requisitos y el registro de sus trámites en el Portal Único. Además, tendrán que reportar mensualmente sus progresos, como parte del proceso que culminará con la certificación correspondiente.
Para la ATDT, la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales permitirá reducir obstáculos que actualmente enfrentan quienes necesitan realizar gestiones públicas. La apuesta es que la simplificación no se limite a digitalizar procedimientos, sino que reduzca requisitos y cargas asociadas con su cumplimiento.
El acuerdo coloca a los gobiernos estatales y municipales en la estrategia nacional, debido a que concentran la mayor parte de los trámites que una persona realiza durante su vida.
Con la adopción de reglas comunes, monitoreo y certificación, las autoridades buscan establecer un esquema que permita medir el avance de la simplificación y mantener un seguimiento periódico de los resultados.
El pacto representa, así, el punto de partida para aplicar de manera coordinada la nueva legislación en las 32 entidades, con énfasis en reducir la carga administrativa que enfrentan ciudadanos y empresas. El objetivo será trasladar estos acuerdos a servicios públicos más sencillos, con procedimientos uniformes, seguimiento de resultados y mayores facilidades para cumplir obligaciones ante las autoridades de cada entidad a escala nacional.
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