En audiencia celebrada este sábado, un juez resolvió procesarlo penalmente, otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Eli “N” era dueño de un almacén de materiales llamado Jimex, en Valle de Bravo, y presuntamente operaba bajo autorización de La Familia Michoacana, con el control exclusivo para distribuir cemento y materiales en la región.
El 31 de enero pasado, en Amanalco, este sujeto y un cómplice habrían interceptado a una persona, la subieron por la fuerza a un vehículo, la amenazaron y le exigieron un pago inicial, además de una cuota semanal sobre sus ventas.
“Le indicaron que debía llamar a un número telefónico para comprar materiales únicamente en el establecimiento del ahora detenido”, señala la Fiscalía.
En total, siete personas han sido vinculadas a proceso por hechos relacionados con la misma operación. En el caso de Bernardo Alejandro “N”, la audiencia en la que se definirá su situación jurídica está programada para el lunes 28 de julio.
Las detenciones fueron parte de un despliegue coordinado en municipios del sur del Estado de México con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad federal, la Comisión Nacional Contra el Secuestro y la Extorsión, la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía mexiquense.
“Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria”, subrayaron las autoridades.
La sanción por el delito de secuestro exprés podría alcanzar los 80 años de prisión o incluso la pena vitalicia.
El Gabinete Nacional de Seguridad reiteró que la extorsión puede denunciarse de forma anónima al número 089.
