La operación se realizó bajo la coordinación del Ministerio Público Federal (MPF), que encabezó el acto de identificación y cumplimiento de las diligencias necesarias para llevar a cabo la destrucción.
En el lugar estuvieron presentes también peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, con el fin de garantizar que todo el procedimiento se realizara conforme a la norma aplicable.
De acuerdo con el comunicado oficial, la FGR destacó que “durante la destrucción se destacó la labor y coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cuyas acciones, en colaboración con la Guardia Estatal, permitieron el aseguramiento y puesta a disposición de los vehículos destruidos.
Estas unidades, diseñadas de forma artesanal con estructuras de acero y placas improvisadas, son comúnmente utilizadas por organizaciones criminales para enfrentar a las fuerzas de seguridad y transportar armamento de alto calibre. Su destrucción representa un golpe logístico a la operación de estos grupos en la región.
La FGR reiteró el objetivo del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito: impedir que este tipo de recursos regresen a manos de la delincuencia y asegurar que los procedimientos se desarrollen con apego a la legalidad, transparencia y control institucional.
Con estas acciones, la Fiscalía reafirma su papel en el combate a las estructuras del crimen organizado y su compromiso con la legalidad en zonas donde la violencia ha sido impulsada por el uso de este tipo de vehículos modificados para actividades ilícitas.
