Cada día que ha pasado en la última década es como el primero en que les notificaron que sus familiares fueron encontrados en una fosa clandestina en Güémez, señaló.

Sostuvo que esperan con ansias el cumplimiento de esos compromisos internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a México, en la más reciente audiencia pública sobre migración, la creación de una Comisión Especial de Investigación para casos de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, mecanismo que también fue recomendado al gobierno por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en su informe-país sobre México”, detalló en un comunicado.

La investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), está sin avances, asegura la fundación, y con aún tres de las 16 víctimas pendientes de identificar, mencionó. A la impunidad por el crimen en contra de los migrantes, se suma un abandono de las familias, tanto por autoridades de México, como de Guatemala y Honduras.

El 16 de febrero de 2014, Gustavo, de origen guatemalteco, llamó a su familia para avisar que estaba bien, junto “al grupo” de 16 personas migrantes, cerca de Reynosa, en Tamaulipas. Un año más tarde, en febrero del 2015, el Ejército mexicano reportó el hallazgo de 16 cuerpos en una fosa clandestina en Güémez, Tamaulipas.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) identificó a una de las víctimas, posteriormente nueve víctimas guatemaltecas y tres hondureñas fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“En un ejercicio único de derechos de víctimas, en el 2019 los familiares de las víctimas guatemaltecas solicitaron formalmente medidas de asistencia, conforme a la Ley General de Víctimas. Sin embargo, en su momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) omitió deliberadamente responder a las solicitudes, hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dirigió la Recomendación 81/2021, con lo que finalmente otorgó los apoyos alimenticios, pendientes desde 2019. Sin embargo, hasta la fecha, la CEAV no ha otorgado a las víctimas la reparación integral del daño ordenada”, puntualizó.

Mencionó que la recomendación de la CNDH causó un precedente importante para las víctimas que no residen en México. No obstante, aún falta voluntad política para erradicar la discriminación institucional en contra de víctimas migrantes y desarrollar la cooperación internacional para garantizar el ejercicio de sus derechos, en igualdad de circunstancias.

Las familias de las víctimas han tenido que enfrentar, además de la impunidad y la indolencia de las autoridades, la pobreza, la violencia, enfermedades crónicas (como la diabetes, la hipertensión y la depresión) y hasta con muertes prematuras, como la de Odilia Alonso, madre de Edgar Amílcar, quien falleció el 12 de noviembre de 2021, en espera de respuestas y apoyos tanto de México como de Guatemala que, como para muchas otras víctimas migrantes quedaron en el papel.

“La masacre dejó traumas, deudas y muchas necesidades, pero no acabó con la dignidad ni la solidaridad de esas familias, unidas en su lucha por los suyos y por los demás”, afirmó.

A una década del homicidio múltiple, las familias exigieron a la FGR “que garantice una investigación pronta y exhaustiva de los hechos, desde un enfoque de fenómeno pluriofensivo, macrocriminal y transnacional. Para ello, que atienda los llamados y exigencias de creación de una comisión especial de investigación para los casos de desaparición y masacres de personas migrantes, con asistencia técnica de la ONU”. A la CEAV, que cumpla de forma efectiva e inmediata la Recomendación 81/2021, y adopte los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos de las familias de migrantes víctimas de graves violaciones a derechos humanos”. Y a los gobiernos de México, Guatemala y Honduras implementar acciones de colaboración internacional, para atender de forma corresponsable y complementaria, los derechos de las víctimas, a la verdad, justicia y reparación.